El Cabildo atendió 190 solicitudes de plazas sociosanitarias por la vía de urgencia en 2017, todas las requeridas

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), tramitó en 2017 un total de 190 solicitudes de plazas sociosanitarias por la vía de urgencia, y en los dos primeros meses de 2018 ya ha tramitado un total de 24 solicitudes, el total de las urgencias solicitadas en ambos períodos, la mayoría de ellas, el 64 por ciento, procedentes del Servicio Canario de Salud.

Del total de solicitudes de urgencia atendidas por el Cabildo en 2017, 33 procedían del Hospital Doctor Negrín, 27 del Insular y 12 de San Roque Maspalomas, lo que supone casi el 38 por ciento de las solicitudes atendidas, y el resto del Gobierno de Canarias, los centros de salud, los servicios sociales municipales o del propio IAS.

Un total de 94 obtuvieron una plaza pues respondían a los criterios de dependencia y urgencia, el 46 por ciento de las cuales, es decir, 1 de cada 2, en respuesta a una solicitud efectuada por el Servicio Canario de Salud.

“Atendemos todas las solicitudes de plazas por la vía de urgencia que nos llegan y todas las que son de urgencia obtienen una plaza”, resaltó la consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo, Elena Máñez, que junto a la gerente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, Blanca Méndez, y la responsable del servicio de admisión del IAS, Pilar Pérez, detallaron el procedimiento a seguir ante la situación de algunos mayores que se encuentran en las urgencias hospitalarias.

La atención a estas solicitudes, aclaró Máñez, forma parte del día a día del servicio de admisión y no solo “cuando salen casos en la prensa”. Para poder detectar los casos es necesario que el Cabildo reciba la solicitud por parte de alguna de las vías mencionadas como son el Gobierno de Canarias, los hospitales, centros de salud, o servicios sociales municipales.

“Pero se nos tiene que comunicar previamente, si no nos lo comunican no los podemos valorar”, aclaró Máñez en relación a las 7 personas mayores que permanecen en el Insular y que, salvo dos de los casos, no han sido comunicados al Cabildo por parte del centro hospitalario.

“No se puede hacer responsable al Cabildo, cuando no nos lo han comunicado, en un intento de desviar la atención de los graves problemas que hay en las urgencias de los hospitales”, prosiguió Máñez.

Una vez detectado el caso, el Cabildo realiza una valoración inmediata y si cumple con los criterios de persona dependiente que no puede valerse por sí misma y que esa falta de capacidad pone en peligro su vida, obtiene una plaza en un plazo de pocos días.

“Tiene que responder a esos requisitos porque la urgencia no puede ser la puerta de entrada trasera al sistema. Pensemos que hay personas con el derecho reconocido que por tanto tienen prioridad para obtener una plaza”, agregó Máñez.

En este sentido también cabe destacar que la gran mayoría de las solicitudes de urgencia, el 70 por ciento, no había iniciado ningún tipo de trámite para obtener el reconocimiento a la dependencia, que es lo que en primera instancia da derecho a obtener una plaza en un recurso sociosanitario.

Una vez asignada la plaza, en la mayoría de los casos el traslado al centro sociosanitario no se puede efectuar hasta que el Cabildo cuente con la autorización judicial preceptiva, un trámite al que obliga una sentencia del año 2016, salvo en el caso de que la persona esté abandonada en su domicilio, que se traslada de manera inmediata.

“La autorización judicial para el ingreso no voluntario pretende garantizar que no se produzcan abusos pues se trata de personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual, deterioro cognitivo o demencias graves”, concluyó.