El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria duplica las ayudas a la reparación de viviendas de primera necesidad

El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria duplica las ayudas a la reparación de viviendas particulares de primera necesidad con una partida de 700.000 euros para este ejercicio destinados a solucionar problemas de estructura, mejoras de acondicionamiento, reformas o, uno de los asuntos más comunes, la resolución de problemas de humedades y mejora del aislamiento frente al agua, entre otras acciones. 

Tendrán prioridad las familias con ingresos iguales o inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y familias con personas con diversidad funcional acreditada. La ayuda se concreta en el suministro de materiales de construcción, aunque en caso necesario abarcará también la ejecución de la obra.

La presidenta del Consorcio de viviendas de Gran Canaria, Ylenia Pulido, destacó la importancia de adoptar medidas que garanticen unas condiciones mínimas de calidad de vida entre los habitantes de la Isla, sobre todo para las familias con mayor necesidad. "Si las personas se están quedando sin sueldo y muchas familias no tienen para comer, mucho menos tendrán para rehabilitar sus viviendas. Vivir en condiciones de salubridad también forma parte del derecho a una vivienda digna", señaló. 

En la convocatoria del ejercicio anterior, un total de 98 familias de todos los municipios de Gran Canaria se vieron beneficiadas por las subvenciones a la reparación de sus viviendas. En esta ocasión, al duplicar la partida presupuestaria, se estima que puedan acogerse a la ayuda unas 200 familias.

Según recoge el acta del Consejo de Dirección del organismo insular, el Consorcio podrá contratar la ejecución de las obras y el suministro de materiales a través de los ayuntamientos, que actuarán mediante convenios de colaboración como entidades colaboradoras en el marco de lo establecido por la Ley general de Subvenciones.

Los técnicos del Consorcio de Viviendas serán los encargados de valorar las solicitudes, aunque contarán con el informe previo del trabajador o trabajadora social del ayuntamiento correspondiente.